Rubalcaba, en una rueda de prensa en el Ministerio del Interior, donde presentó los principales resultados del primer año de aplicación del Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, reiteró que “no había un delito de trata en este caso y a partir de ahí, previo reconocimiento oportuno y con tres decisiones judiciales, procedimos a la expulsión”.

El titular de Interior reiteró que esta ciudadana deportada el pasado miércoles “pasó el reconocimiento médico la noche anterior” a su expulsión y que la policía hizo “todas las averiguaciones oportunas” para denegar en este caso el periodo de reflexión de 30 días recogido en la Ley de Extranjería.

“Si hubiera habido cualquier duda, la policía hubiera aplicado el periodo de reflexión y hubiera procedido a los oportunos permisos de residencia y de trabajo”, subrayó.

El caso de esta ciudadana nigeriana fue denunciado por varias organizaciones, Women’s Link y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que afirmaron que se trataba de “una grave violación de los derechos humanos” por ser, presuntamente, víctima de explotación de abusos sexuales y de amenazas de muerte.