Este texto aboga por revisar todas las bonificaciones y concentrarlas principalmente en tres grupos, que son los jóvenes, las personas con discapacidad y los parados de larga duración.

Asimismo, también se mantendrán para otros colectivos como las personas en riesgo de exclusión o las mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género.

El documento será asumido por el Gobierno, quien lo trasladará al marco del diálogo social para su negociación con las organizaciones sindicales y empresariales.

El texto fue aprobado por unanimidad por todos los grupos parlamentarios en la Comisión de Trabajo e Inmigración.

Asimismo, se presentaron dos votos particulares, uno del PP, que fue rechazado con el voto a favor de 15 diputados y en contra de 22; y el del PNV, que recibió sólo el apoyo de tres diputados y que fue rechazado por 33.