En una nota de prensa, demandó una mayor cohesión económica y social a través de “más empleo estable y con más derechos, con mayor negociación colectiva y una recuperación del poder adquisitivo de los salarios”, entre otras cuestiones.

La cumbre apuesta por el incremento de la inversión pública y el impulso de la política industrial mediante el cambio de modelo productivo, “objetivos incompatibles con las reformas laborales de los últimos gobiernos”.

Por otro lado, denuncia la decisión del Gobierno de "criminalizar" la respuesta laboral y social, y pide la retirada de la Ley de Seguridad Ciudadana y la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, “tras provocar el procesamiento o sanción administrativa de cerca de 300 sindicalistas", además limitar, "cuando no impedir" el ejercicio del derecho de huelga.

Por último, solicitó la retirada del Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión entre la UE y EEUU, al considerar que es "una amenaza" a los derechos económicos, sociales y laborales, y la retirada del acuerdo entre la UE y Turquía sobre los refugiados, un "verdadero atentado" a los derechos humanos.