El decreto incorpora enmiendas propuestas por el PSOE, CiU, PNV, CC, BNG e IU, pese a que esta última formación rechazó la convalidación del decreto ley. Se cae del acuerdo el PP, al haber sido rechazadas todas sus enmiendas.

Algunos de los cambios acordados por los grupos parlamentarios al decreto son fijar la edad de jubilación de estos profesionales en los 57 años o reducir de 1.750 a 1.670 horas ordinarias anuales más 80 extraordinarias el horario de los controladores, con lo que se adecua a lo fijado en el Estatuto de los Trabajadores.

El decreto, que fue aprobado por el Gobierno el pasado 5 de febrero y ratificado por el Congreso el 11 de ese mismo mes, ha sido denunciado por la Unión Sindical de controladores aéreos (USCA) ante la Audiencia Nacional al considerar que incumple algunos artículos de la constitución y del Estatuto de los Trabajadores.

Durante el debate, el portavoz del PP, Andrés Ayala, tachó el decreto de “parche” y denunció que supone un incumplimiento de los compromisos asumidos por el ministro de Fomento, José Blanco, al permitir la externalización de algunos servicios de tránsito aéreo.

Asimismo, consideró que contiene “contradicciones evidentes y reiteraciones injustificadas” que atribuyó a “la negociación a última hora con los grupos minoritarios”.

Además, se enzarzó en una discusión con el portavoz del PSOE, Rafael Simancas, por la responsabilidad en el origen del problema de los controladores que los socialistas atribuyen a la firma del convenio en tiempos de arias Salgado y los populares a la dejadez del Ministerio de Fomento desde 2004 al no contratar más controladores.

Por su parte, Simancas defendió que el problema no es que falten controladores o que hagan horas extraordinarias sino que las cobren al triple que las ordinarias “y eso lo permite el convenio”.

Por otro lado, se felicitó por el respaldo de la Comisión al proyecto de ley que calificó como “breve, con un objetivo simple pero con una importancia crucial” ya que ofrecerá una “garantía de seguridad, continuidad, eficiencia y sostenibilidad económica”.

En nombre de CIU, Pere Macias, tras criticar tanto la actitud de los controladores como la dejadez de AENA, destacó que esta ley “da un golpe de timón democrático” y que los cambios acordados en la comisión corrigen “alguna disfunción constitucional de forma satisfactoria”.

A este respecto, destacó el hecho de que además de la continuidad o la rescisión del contrato, AENA deberá dar la posibilidad de que los controladores se puedan subrogar a los proveedores de servicios privados que accedan a algunas torres o de que el decreto se tenga que someter también a la consulta de los sindicatos sectoriales más representativos.

En la misma línea, José Ramón Beloki (PNV) criticó también la actuación de AENA y los controladores y destacó que con los cambios acordados en el congreso la ley ha definido “su rumbo y permite recuperar la sensatez y la responsabilidad de todas las partes”.

Finalmente, tanto Gaspar Llamazares (IU-ICV) como Francisco Jorquera (BNG) mostraron su respaldo al proyecto de ley aunque coincidieron en advertir que la liberalización de algunos servicios puede tener efectos en la seguridad.