En nota de prensa, la organización empresarial señala que estas "modificaciones normativas son condiciones necesarias, aunque no suficientes para eliminar los efectos negativos de la morosidad de las operaciones comerciales".

Por esta razón, reclama que los cambios en esta ley se implementen de forma "efectiva e inmediata" y que se acompañen de otras mejoras en el entorno en el que operan las empresas, "especialmente en lo que se refiere a las condiciones de acceso a la financiación y el marco regulatorio".

En este sentido, Cepyme asegura que la morosidad "sólo es uno de los factores que genera tensiones de tesorería en las empresas de reducida dimensión", al que se añaden los problemas de acceso a la financiación, las estructuras patrimoniales o las cargas impositivas y administrativas que soportan, entre otros.

Por esta razón, afirma que es necesario "impulsar todas aquellas medidas dirigidas a resolver los problemas de liquidez de las pymes y de los autónomos".

Entre estas medidas, la patronal hace hincapié en la importancia de que las pymes puedan aplazar la tributación del IVA en el caso de las facturas impagadas.

También exige que se refuercen los instrumentos que tienen los pequeños empresarios y autónomos para reclamar cuando no cobren una factura en el tiempo estipulado, que con la reforma de la ley de morosidad pasará a ser de 30 días para las administraciones públicas y de 60 días para las empresas.