Cifuentes explicó que la Agencia de Vivienda Social contempla en sus presupuestos de 2016, aprobados en la Asamblea de Madrid, una partida específica para satisfacer el pago de los recibos, que afecta a unas 20.000 viviendas, sin que repercuta en el bolsillo de los inquilinos.

Esta medida se está llevando a cabo desde los últimos ejercicios, con el objetivo de no repercutir en los vecinos el pago de dicho impuesto.

Además, afirmó que la Comunidad de Madrid “sigue apostando por facilitar el acceso a una vivienda social en unas condiciones económicas asequibles a las familias con menos recursos”.

La presidenta regional informó de que el Consejo de Administración de la Agencia aprobó el pasado 22 de abril un acuerdo por el que se insta a los ayuntamientos a que bonifiquen la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a favor de las viviendas protegidas.

El mismo consejo, añadió, solicitó impulsar una reforma legislativa que considere la posible repercusión que tiene el IBI sobre los arrendatarios de vivienda protegida.

Señaló que, en este sentido, el Gobierno regional presentará “de inmediato” una Proposición No de Ley en la Asamblea de Madrid.

Finalmente, Cifuentes destacó que esta iniciativa de carácter social se suma a otras ya existentes como es la reducción de renta a las familias con menos ingresos a las que se destinan actualmente 11,7 millones de euros.