En el debate parlamentario el portavoz del PP en el Pacto de Toledo, Tomás Burgos, no consiguió el respaldo de ninguno de los grupos que utilizaron el turno de palabra: PSOE, CiU, PNV, IU-ICV y UPyD.

Según Burgos, el Ejecutivo debe llevar a cabo esta actuación para “dar seguridad y confianza a los ciudadanos” y porque “cada euro esté donde debe estar”.

A este respecto, denunció que los millones de euros de excedente que no están en el fondo no generan rendimiento y que por ello “se pierden centenares de millones de euros para los pensionistas”.

Por ello, acusó al Gobierno de “un incumplimiento flagrante de las responsabilidades que tiene con el fondo” y afirmó que la “excusa del aplazamiento a las empresas en dificultades económicas no es aceptable”.

Finalmente, defendió que su iniciativa busca que el dinero esté en el fondo de Reserva y se preguntó: “¿Dónde mejor va a estar si nos interesa el futuro del sistema y la tranquilidad de nuestros pensionistas?”.

Por su parte, la portavoz en el Pacto de Toledo del PSOE, Isabel López Ichamosa, tras criticar a Burgos por “poner en duda el funcionamiento de la Seguridad Social”, defendió que lo que está haciendo actualmente el Ejecutivo fue aprobado por una Ley que hizo el PP con mayoría absoluta.

Por ello, preguntó a Burgos si su objetivo es “que le cerremos una empresa más al presidente de la patronal porque es uno de los que no paga” y “si no quiere que se hagan aplazamientos a las empresas que están en dificultades generando más alarma y más gente en el paro”.

Asimismo, defendió que “si levantaran la mano los diputados, alcaldes y consejeros que han acompañado a gerentes de empresas de su territorio a pedir una moratoria quedaríamos pocos con las manos abajo”.

Por su parte, Rosa Díez (UPyD) pidió al PP que “no confunda ni asuste a nadie porque no se está incumpliendo la ley ni se pone en riesgo el sistema”, y al Gobierno “un mayor grado de transparencia” sobre el uso del excedente por lo que solicitó su comparecencia en el Congreso.

En la misma línea, Gaspar Llamazares (IU-ICV) rechazó la iniciativa del PP “porque abunda en la incertidumbre creada por el Gobierno sobre el futuro de las pensiones y de la Seguridad Social” y porque “antepone la rentabilidad económica del fondo a la rentabilidad social”.

También rechazaron la proposición Emilio Olabaría (PNV), quien advirtió que la Seguridad Social “no permite frivolidades de ninguna naturaleza y su sostenibilidad menos”, y Carles Campuzano (CIU), quien defendió que “el sentido común y la responsabilidad nos llevan a acompañar en esta medida al gobierno ya que la tentación de desgastarle en esta materia es muy fácil” aunque le pidió su comparecencia para presentar el informe de gestión del fondo.