Además, la organización pidió también a las fuerzas de seguridad que cooperen con cualquier investigación permitiendo el acceso sin trabas a sus archivos.

"Es inaceptable que no se haya exigido a los responsables de miles de desapariciones, homicidios y torturas que respondan de sus crímenes. La Ley de Amnistía tiene que ser anulada urgentemente y deben ponerse en marcha investigaciones exhaustivas", afirmó Kerrie Howard, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para América.

Amnistía puso como ejemplo el homicidio del monseñor Óscar Arnulfo Romero, que murió acribillado cuando oficiaba una misa en la capilla de un hospital en 1980 y en cuyo funeral el ejército mató a más de 20 de sus seguidores.

El Salvador reconoció en 2009 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad internacional por la muerte de monseñor Romero, pero, según Amnistía Internacional, no ha tomado medidas para investigar los hechos.

Amnistía señaló que entre 1980 y 1992 tuvo lugar en El Salvador un encarnizado conflicto armado que dio lugar a violaciones de derechos humanos graves y generalizadas, como ejecuciones extrajudiciales, otros homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas y torturas.

Entre las víctimas hubo defensores de los derechos humanos, sindicalistas, profesionales de la abogacía, periodistas, opositores y presuntos opositores al gobierno y, sobre todo, civiles inocentes que no participaban directamente en el conflicto.