El sindicato demandó que la ley se aplique en los plazos acordados y se adjudiquen, de una vez, las prestaciones concedidas a más de un 30% de beneficiarios. Asimismo, recuerda que esta ley "es fruto de un proceso largo de reivindicaciones y destaca que, este año, está prevista la

evaluación de la misma a partir de la cual se podrá modificar, si es necesario, pero evitando que las posibles insuficiencias financieras supongan un recorte de derechos".

UGT insiste "en la necesidad de que la ley se aplique conforme a los plazos regulados para la implantación del sistema, contenidos en la propia norma" y en la "inmediata elaboración y aplicación del programa individual de atención de aquellos ciudadanos que ya han sido valorados pero aún no les han sido concedidas sus prestaciones".