La reforma, en el caso del sector público se reduce a un máximo de 30 días el plazo de pago. Esto se aplicará a partir del próximo 1 de enero de 2013, si bien se seguirá un periodo transitorio para su entrada en vigor.

Por su parte, en los plazos de pago entre empresas, se establece un periodo máximo de 60 días para que las compañías paguen a sus proveedores, y se suprime la posibilidad de "pacto entre las partes" con lo que las empresas no podrán llegar a acuerdos para ampliar estos plazos.

Este aspecto es uno de los que más debate ha suscitado, ya que el PSOE había propuesto que las empresas con una facturación inferior a los 100 millones de euros y los autónomos no pudieran llegar a pactos para ampliar plazos, pero las grandes empresas sí pudieran hacerlo.

De este modo, el PSOE se queda sólo en la votación de esta propuesta, que encontró el rechazo de todos los grupos.

El "pacto entre las partes" permitía alargar "significativamente los plazos de pago, siendo generalmente las pymes las empresas más perjudicadas", recoge la modificación de la exposición de motivos.

PROGRESIVO

Lo aprobado este martes establece un calendario progresivo de reducción de los plazos de pago, tanto en el sector público como entre las empresas.

En concreto, desde la entrada en vigor de la norma y hasta finales de 2010 las administraciones públicas deberán pagar en un plazo máximo de 55 días, que se reducirá a 50 en 2011, a 40 en 2012 y a 30 a partir del 1 de enero de 2013.

Por su parte, entre las empresas el calendario es el siguiente: 85 días desde la entrada en vigor hasta final de 2011, de 75 en 2012 y de 60 días a partir del 1 de enero de 2013.

Otro aspecto importante de la reforma de la normativa es que el plazo de pago que debe cumplir el deudor será de 60 días "después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios", y no desde la recepción de la factura, como ocurría hasta ahora.

Cabe destacar también la creación de un observatorio en el marco del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que realizará un seguimiento específico de la evolución de los plazos de pago y de la morosidad en las transacciones.

Además, se establece que con periodicidad anual el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un informe sobre la situación de los plazos de pago.

CiU fue el grupo parlamentario que impulsó esta reforma. Su portavoz de Economía, Josep Sánchez Llibre, indicó a los periodistas que con los cambios introducidos, España "va a dejar de estar a la cola" en morosidad y será "mucho más competitiva".

El diputado de CiU mostró su "máxima satisfacción" con los cambios, que "mejorarán la liquidez de pymes y autónomos", reforzará su "músculo financiero" y permitirá crear más empleos.