La estimación del importe que se contratará dentro del acuerdo para toda su duración (tres años) asciende a casi 411 millones de euros y su ámbito subjetivo incluye a los ministerios y a los organismos públicos estatales, así como a determinadas comunidades autónomas y ayuntamientos que se han adherido al mismo por sus ventajosas condiciones económicas.

El ahorro previsto con este nuevo acuerdo marco asciende a 54 millones de euros, es decir, un 13,15% del importe total de contratación estimado. Desde el Gobierno en funciones destacaron que “este ahorro proviene, como en general ocurre en todos los procesos de contratación centralizada, de la posibilidad que tienen las compañías de ofrecer importantes descuentos sobre el precio antes de impuestos, consecuencia de la agregación de la demanda”.

El Ejecutivo establece que el pago deba realizarse a través de tarjetas de banda magnética u otros dispositivos similares que garanticen un control adecuado en la ejecución del contrato.

El acuerdo ahora autorizado sustituirá al anterior que finalizará en diciembre de este año, y que fue el primero que se abordó por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación en el marco de la medida Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), de impulso a la contratación centralizada de bienes y servicios en el sector público.

La experiencia de dicho primer acuerdo ha sido, según el Gobierno, “muy positiva” ya que, además de la homogeneidad en la prestación del servicio, se están cumpliendo, incluso, superando las previsiones de ahorro, que se cuantificaron en 27,4 millones de euros y pueden llegar a alcanzar los 30,5 millones de euros.

Por este motivo se ha optado por su renovación con unas características muy similares para un período de tres años, más posibles prórrogas. El contrato se licita en cinco lotes independientes correspondientes a diversas zonas geográficas.