La reforma, en el caso del sector público se reduce a un máximo de 30 días el plazo de pago.

Esto se aplicará a partir del próximo 1 de enero de 2013, si bien se seguirá un periodo transitorio para su entrada en vigor.

Por su parte, en los plazos de pago entre empresas, se establece un periodo máximo de 60 días para que las compañías paguen a sus proveedores.

El texto suprime la posibilidad de que las empresas con una facturación superior a los 100 millones de euros alcancen un pacto para superar esos 60 días de plazo, tal y como proponía el Grupo Socialista.

De este modo, el PSOE se queda sólo en la votación de esta propuesta, que encontró el rechazo de todos los grupos.