Según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), el instructor hace esta afirmación en la exposición razonada que ha enviado al Supremo para que analice si Barbera, que es aforada por su actual condición de senadora, tuvo alguna relación con lo que se investiga.

El Alto Tribunal analizará la implicación de la exalcadesa en el presunto delito de blanqueo de capitales en el seno del PP en el Consistorio valenciano, que se analiza en una pieza separada del ‘caso Imelsa’.

En esta pieza separada, con 47 personas imputadas más el PP, imputado como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.

TESTIMONIOS EN LA CAUSA

El TSJCV explicó que el magistrado considera que debe enviarse lo referido a Barberá al Supremo, después de que la exalcaldesa haya reconocido que realizó el donativo de 1.000 euros, por el que están imputados y han sido interrogados todos los concejales, exconcejales, asesores y exasesores que también efectuaron el pago en vísperas de las elecciones de 2015.

Por este motivo, el instructor entiende que sería “incoherente” no elevar exposición razonada sobre Barberá al Supremo, por ser el único órgano competente para investigar y, en su caso, juzgar a la actual senadora.

El magistrado añade, no obstante, que ni las dos investigadas que han reconocido que el dinero entregado les fue devuelto, ni los cuatro testigos que se negaron a hacer la aportación, han realizado una imputación concreta respecto a la participación de la exalcaldesa de Valencia en los hechos objeto de las pesquisas.

En su escrito, sin embargo, el instructor detalla las sospechas que existen sobre las finanzas del PP valenciano e incide en la relación de la senadora con la persona que gestionaba las cuentas bancarias, la exsecretaria del Grupo Municipal del PP María del Carmen García-Fuster, también imputada en este procedimiento.

SUPERIOR JERÁRQUICA

Barberá, apunta el juez, era su superiora jerárquica como alcaldesa y máxima responsable del Grupo Municipal. Existía, además, una relación personal de estrecha confianza entre la aforada y la principal investigada, quien en su declaración judicial se negó a desvelar el origen de varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros, así como la identidad de la persona que le entregaba ese dinero.

El juez considera que la investigación sobre el supuesto dinero blanqueado, por la naturaleza opaca del mismo, es compleja. Sobre este extremo, explica que la “presunta naturaleza delictiva de comisiones o mordidas en el ámbito de la Concejalía de Cultura que se investigan en la pieza principal” “son muy anteriores en el tiempo", pero considera “significativo” el silencio de García Fuster al ser interrogada sobre el origen de ese dinero.

Antes de elevar la causa al Supremo, el magistrado ofreció a Barberá declarar. La senadora presentó un escrito de alegaciones en el que reconoce la aportación del dinero para la campaña de las elecciones de 2015 en las que ella optaba a la Alcaldía, al tiempo que niega el reintegro del mismo. Sus explicaciones, señala el instructor, son insuficientes para excluir su posible implicación en los hechos investigados.