En el documento, la Junta exige al Ejecutivo central que dé marcha atrás a una medida que sólo responde a "motivaciones políticas y oportunistas", según De Santiago-Juárez.

Entre los argumentos que la Junta de Castilla y León aporta en el recurso, de 80 páginas, insiste en que es la primera ocasión en la que el Gobierno adopta una decisión en esta materia contraviniendo los informes emitidos por el CSN, el máximo órgano en materia de seguridad nuclear que funciona en España.

"Es inaudito y muy poco serio que el Ejecutivo del señor Rodríguez Zapatero ignore la opinión de los expertos que habían garantizado la seguridad y la viabilidad de la central de Garoña hasta el año 2019", matizó el consejero.

Además, el recurso alude a la argumentación “pobre e inconexa” de la orden ministerial cuando ésta hace referencia a cuestiones de política energética, “eso sí, sin aportar ningún tipo de cobertura normativa, de ahí que el recurso planteado por el Ejecutivo castellano y leonés sostenga que además se incurre en algunas actuaciones administrativas que llaman a la preocupación como vicios de procedimiento y desviación de poder".

"De manera equivocada, el Gobierno mezcla los conceptos de vida de diseño y vida útil y, lo que es más grave, basa una decisión en el cálculo que se hizo en su momento sobre la vida estimada de los materiales de la central", dijo De Santiago-Juárez, para quien, “en cualquier caso, es un asunto del que sólo pueden opinar los expertos del CSN y, además, no existe normativa alguna que supedite las autorizaciones de funcionamiento al plazo de vida útil, lo que impide al Gobierno tomar la decisión que ha adoptado".

El documento hace referencia de nuevo a los plazos contenidos en el informe del Consejo de Seguridad Nuclear que señalan “de manera inequívoca” que la central puede funcionar al menos hasta el año 2019, es decir, durante otros diez años, de manera completamente segura, según explicó el portavoz.

Sobre el acuerdo de cese de actividad de la central, opinó que el recurso llama la atención sobre la “falta de respeto a la tramitación normativa exigida”. Así, a juicio de la Junta, se ha omitido por parte del Gobierno central el trámite de audiencia a la Comunidad que debería haber tenido la posibilidad de remitir un informe sobre un hipotético cese de explotación y de la misma manera tampoco se incluye un informe del CSN, preceptivo en un caso de este tipo, tal y como indica la legislación vigente en la materia.