El expresidente de la compañía Miguel Fernández de Pinedo y otros tres exdirectivos más han resultado condenados por un delito fiscal por no haber declarado en el IRPF los beneficios obtenidos por la venta de la División de Consultoria a IBM en 2002 y 2003.

El Ministerio Público pedía penas de 14 años y 10 meses de prisión para los ahora condenados, de cuyas penas no ha informado la Fiscalía. Se trata del expresidente de PwC Miguel Fernández de Pinedo; el entonces administrador solidario de PwC Consulting y responsable de Operaciones en España José María Tajadura Garrido, y César Rodríguez Ramos, que fue socio responsable de la División Fiscal y Legal de PwC. Para el máximo responsable de la División Legal, Miguel Cruz Amorós, el Ministerio Público pedía 11 años y cuatro meses de cárcel.

La rebaja de penas se ha concretado tras la conformidad de las defensas con el escrito de las acusaciones ejercidas por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y la Abogacía del Estado en representación de la Agencia Estatal Tributaria.

Se les condena por seis delitos contra la Hacienda pública en relación a los siguientes tributos: Impuesto de Sociedades de PwC S.L.; omisión de las retenciones de IRPF de las sociedades PwC Jurídico y Fiscal S.L., PWC Asesores de Negocios S.L., PWC Auditores S.L. y la antigua PWC Consulting S.L.; y un delito contra la Hacienda pública en relación al IRPF del expresidente de la entidad.

Las cuotas defraudadas ascienden a 17.153.250,36 euros, más los intereses que superan los 11 millones de euros y multas cercanas a los nueve millones de euros. Dichas cantidades han sido satisfechas por la entidad, extremo que ha sido determinante para alcanzar el Acuerdo de conformidad. Todas esas cantidades suman esos 38 millones pagados por PwC.

DIRECTIVA EUROPEA

La sentencia sanciona la utilización de las escisiones o venta de activos con finalidad defraudatoria. Estas actuaciones, dice la Fiscalía, constituyen un fraude a la Hacienda pública basado en “el abuso de formas jurídicas y en la utilización de negocios simulados y otras categorías de negocios anómalos”.

Esta sentencia supone la primera condena en Europa y en España de este tipo de fraude fiscal, asociado a la utilización abusiva del Régimen especial de Fusiones y Escisiones, aportaciones de activos y canjes de valores, derivada de la aplicación de la cláusula antiabuso contenida en la regulación del mismo.

Esta es la primera vez en España y en Europa que se dicta una sentencia condenatoria contra socios y directivos de una firma por no declarar los `bonus´ obtenidos por al venta de una parte del negocio de PwC en la Declaración de la Renta y hacerlo mediante otras figuras fiscales con menor tributación. Este tipo de actuación es punible gracias a la trasposición de la citada directiva europea a la legislación española.

JUICIO APLAZADO

La Audiencia Nacional juzgaba hoy a 45 socios de la auditora PricewaterhouseCoopers por un presunto delito fiscal. El juicio estaba previsto para abril del pasado año, pero la Fiscalía retiró la acusación a una docena de los 61 procesados entonces porque la cantidad presuntamente defraudada no llegaba al límite legal de 120.000 euros, lo que motivó el aplazamiento de la vista. Los restantes procesados han fallecido.

La Fiscalía Anticorrupción atribuía a los procesados un presunto delito fiscal por alrededor de 40 millones de euros. El escrito de acusación de Anticorrupción se dirigía contra las sociedades PwC S.L., PwC Auditores, PwC Jurídico y Fiscal, PwC Asesores de Negocios e IBM Global Services España, en su calidad de sucesora de PwC Consulting.

Considera que todas ellas son responsables civiles subsidiarias de los supuestos delitos cometidos en 2002 y derivados de la venta de esta última división a IBM.

Según la Fiscalía, los socios de PwC no declararon a Hacienda los 'bonus' cobrados en 2002 por su trabajo en la compañía auditora, que en total ascendieron a 20,9 millones de euros, que supuestamente no fueron declarados a Hacienda como rentas del trabajo sino como parte del precio de venta de la División de Consultoría a IBM, transacción que está sometida a una tributación muy inferior a la del IRPF, dejando de pagar más de nueve millones de euros al fisco.