La iniciativa se centra en la protección del derecho a la salud, a una vivienda digna y adecuada y a los suministros energéticos básicos.

“A día de hoy no existe en nuestro ordenamiento jurídico un marco legislativo adecuado que permita garantizar a la ciudadanía en riesgo de pobreza unos mínimos vitales que le permitan hacer frente a sus principales necesidades habitacionales, de suministros energéticos y de asistencia sanitaria y medicación”, indica el texto.

Asimismo, pide atajar “de manera inmediata” los desahucios “que afecten a los deudores de buena fe que no hayan podido hacer frente a sus pagos por encontrarse en una situación de dificultad económica”.

La proposición de ley pretende garantizar además una vivienda pública con todos los suministros a las mujeres víctimas de violencia machista.