La iniciativa se centra en la protección del derecho a la salud, a una vivienda digna y adecuada y a los suministros energéticos básicos. “A día de hoy no existe en nuestro ordenamiento jurídico un marco legislativo adecuado que permita garantizar a la ciudadanía en riesgo de pobreza unos mínimos vitales que le permitan hacer frente a sus principales necesidades habitacionales, de suministros energéticos y de asistencia sanitaria y medicación”, recoge el texto.

Asimismo, pide atajar “de manera inmediata” los desahucios “que afecten a los deudores de buena fe que no hayan podido hacer frente a sus pagos por encontrarse en una situación de dificultad económica”.

La proposición de ley pretende garantizar además una vivienda pública con todos los suministros para las mujeres víctimas de violencia machista.