El pleno aprobó la iniciativa por 218 votos a favor, 113 en contra y 4 abstenciones. Había sido presentada y defendida por el PSOE pero contaba con la firma también de Podemos, Ciudadanos, ERC, Democràcia i Llibertat, PNV y Grupo Mixto, es decir, todos menos el PP.

El conflicto de competencias se tramita ahora por lo que rige la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en su artículo 73. Hay un mes de plazo para que el Congreso solicite formalmente al Gobierno que revoque su decisión y, si no lo hace, automáticamente quedará planteado el conflicto para su resolución.

Aunque ese plazo es de un mes, en un lapso más breve de tiempo, tres semanas, se disolverán las Cortes Generales en caso de que no se haya elegido a un presidente del Gobierno.