El grupo más mayoritario de ‘lobbies’ registrado hasta ahora lo constituyen las patronales empresariales empezando por la CEOE, que se adhirió el 1 de abril, y su organización madrileña CEIM.

Además, se han inscrito la patronal logística UNO, la de ingeniería Tecniberia, la de la industria agroalimentaria FIAB, la de la industria lechera Fenil, Farmaindustria, la automovilística Anfac, la de supermercados ACES, la Asociación española de Anunciantes, la de empresas petrolíferas AOP, la cementera Oficemen, la Asociación Española del Gas o la del sector del autobús Asintra.

También hay unas pocas empresas inscritas de forma individual, entre las que destacan especialmente BlaBlaCar y British American Tobacco España. De la presencia internacional, destaca también la Cámara de Comercio de EEUU en España.

Dentro de las asociaciones de consumidores, aparecen la OCU, la Asociación de Internautas y la Asociación de Usuarios de Internet.

Por otro lado, es llamativa la presencia de empresas dedicadas a la comunicación como Burson-Marsteller, Deva, Edelman, Hill and Knowlton, Kreab, Llorente y Cuenca y Torres y Carrera.

Por último, hay organizaciones sociales como el Comité de Representantes de Personas con discapacidad (Cermi), la Plataforma de ONG de acción Social, la Confederación Española de Centros Especiales de Empleo o la Confederación LGTB Española (Colegas), así como Ecovidrio y Autocontrol.

Este registro de Grupos de Interés, que es de carácter voluntario, público y gratuito; pretende dar un “paso más” en materia de buen gobierno y transparencia, en la línea de otras instituciones como la Comisión Europea, el Parlamento Europeo o el Gobierno estadounidense.

Competencia espera que se adhieran empresas y grupos de empresas; asociaciones profesionales, empresariales o sindicales; consultorías profesionales; despachos y bufetes colectivos, asociaciones, plataformas y redes; grupos de análisis y reflexión, e instituciones académicas.

La adhesión al Registro de Grupos de Interés implica también la asunción de un decálogo ético que recoge los principios de actuación en las relaciones con los miembros de la CNMC (presidente, consejeros, directores y técnicos).