Las inversiones se realizarán entre los años 2010 y 2013, en el marco de la Estrategia Estatal de Innovación (E2i) del Ministerio y de su contribución al cambio de modelo productivo.

Los convenios que hoy se aprueban se enmarcan dentro del cuarto eje de la E2i, la coordinación territorial, cuyo objetivo es lograr la difusión de la innovación a todo el tejido productivo, en estrecha colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Se pretende articular una estructura institucional de colaboración y cooperación que garantice la mayor eficacia de la acción pública en un entorno como el de la innovación, que exige sinergias y planteamientos acordes con una economía globalizada y fuertemente competitiva a nivel nacional e internacional.

El acuerdo con la Junta de Andalucía supone una aportación de 200 millones de euros por parte del Ministerio. Al País Vasco se destinarán 150 millones de euros; y a Castilla-La Mancha, llegarán 22 millones de euros.

Se trata de préstamos a devolver en quince años, siendo los cinco primeros años de carencia.

El Ministerio de Ciencia e Innovación quiere reforzar la posición de España en el G-9, objetivo de la Estrategia Estatal de Innovación (E2i). El Gobierno pretende la creación de 500.000 puestos de trabajo de media y alta tecnología en el período 2010-2015 y movilizar 6.000 millones de euros anuales de inversión privada gracias a la iniciativa pública, que implicará la incorporación de 40.000 empresas a tareas y acciones de innovación.

Según prevé el Ejecutivo, esos objetivos se conseguirán mediante el desarrollo de las acciones contempladas en cada uno de los cinco ejes del denominado "Pentágono de la innovación" en que se plasma gráficamente la E2i: Eje Financiero, Eje de mercados, Eje de Internacionalización, Eje de Coordinación Territorial y Eje de las Personas.

Con estos tres convenios el Ministerio arranca una política de cooperación y de fomento de la innovación que aspira a que cada comunidad autónoma impulse su propio pentágono de la innovación, proceso en el que el papel de la Administración General del Estado sea el de promover una arquitectura institucional eficaz y coordinada en favor de la innovación española.

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