El ELN es el segundo grupo guerrillero más grande del país, tras las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), con las que el Ejecutivo lleva tres años en negociaciones para alcanzar también un acuerdo de paz.

“Las conversaciones entre el ELN y el Gobierno, unidas al inminente acuerdo de paz con las Farc, traen consigo la esperanza de que pronto pueda darse por terminado más de medio siglo de conflicto en Colombia”, manifestó Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

No obstante, añadió, “las autoridades deben garantizar que todos los sospechosos de ser penalmente responsables de delitos de derecho internacional cometidos durante este conflicto -ya sean miembros de las fuerzas de seguridad, paramilitares o miembros de grupos guerrilleros, al igual que terceros tales como empresarios y políticos- no escapan a la acción de la justicia ante tribunales civiles ordinarios".

Y es que, en su opinión, “si no se respetan íntegramente los derechos de las víctimas del conflicto a la verdad, la justicia y la reparación, de acuerdo con el derecho y las normas internacionales, no podrá haber una paz duradera y efectiva”.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional insiste en este extremo porque considera que los acuerdos sobre justicia alcanzados hasta ahora con las Farc “no parecen cumplir ni mucho menos este requisito”, el del respeto a los derechos de las víctimas.