Este activista y experto autodidacta en Derecho se desplaza en silla de ruedas debido a un trastorno neurológico y vive en una residencia para personas con discapacidad. Las 40 denuncias que ha presentado a lo largo de los últimos diez años le han reportado 10.000 libras esterlinas (12.655 euros) en indemnizaciones, una cantidad que prueba que “no lo hago por dinero, como han dicho algunos”. Además, Paulley dona a menudo ese dinero a grupos de activistas para diversas causas, señala en una entrevista que publica el diario británico ‘The Guardian’.

Una de sus reclamaciones más conocidas es la que llevó a cabo contra la empresa de transporte de viajeros First Group, para que sea obligatorio para estas compañías hacer respetar a sus usuarios los espacios reservados en sus autobuses para personas que utilizan sillas de ruedas.

Aunque inicialmente la Justicia dio la razón a Paulley, la compañía ganó la apelación y el caso está pendiente de la decisión del Tribunal Supremo del Reino Unido, prevista para el próximo mes de junio. Si la sentencia es favorable a Paulley, sentará un precedente legal en el país sobre la prioridad exigible por ley a la hora de ocupar el espacio reservado a viajeros en sillas de ruedas en los autobuses.

Este caso cuenta con el apoyo de la Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos -órgano oficial que lucha contra la discriminación en el Reino Unido- y le supuso a Paulley ganar el premio que la Fundación Sheila McKechnie concede a los activistas para la defensa de derechos más destacados cada año.

LENTO AVANCE

A pesar del avance que ha supuesto en el Reino Unido la aprobación de la Ley contra la Discriminación por Discapacidad en 1995, y la Ley para la Igualdad, que la reemplazó en 2010, Paulley considera que “el progreso es lento”.

Como ejemplo de ello cita que una persona con movilidad reducida en la mayoría de los casos "tiene que llamar a las compañías ferroviarías 24 o 48 horas antes de viajar para solicitar ayuda”.

En opinión de este activista, denunciar casos de discriminación por discapacidad sería más sencillo si la Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos tuviera un papel más relevante. “Solo interviene cuando los casos llegan a la fase de apelación, aunque podría hacerlo antes”, señala.

Para Paulley, el problema en el Reino Unido es que en casos de discriminación es el afectado quien tiene que probar los hechos y llevar ante los tribunales a los proveedores de servicios, pero los recortes en asistenca legal "han dejado a las personas con discapacidad sin acceso a la Justicia", ya que son pocos los abogados especializados en esta materia que no cobran por sus servicios si no ganan un caso, concluye el activista.