Según informa el Ejecutivo autonómico, el vicepresidente y portavoz, Ignacio González, explicó que de esta forma se pretende dar un impulso a la economía madrileña, ya que se simplificará la autorización de nuevas instalaciones de las que dependen en muchos casos la entrega de nuevas promociones de viviendas, el arranque de nuevas empresas en polígonos industriales o la puesta en marcha de suministros esenciales como hospitales y escuelas. La Comunidad tiene la competencia en la regulación de los procedimientos de autorización que afectan a las instalaciones de producción, transporte secundario y distribución, cuyos trámites el Gobierno regional pretende simplificar y reducir drásticamente, sobre todo para las instalaciones de alta tensión que no precisen declaración de utilidad pública ni estén sujetas a algún procedimiento de evaluación ambiental. Así, en las subestaciones y líneas aéreas, que son las más sensibles, se mantendrá el procedimiento actual, mientras que en las más simples, como instalaciones subterráneas en entornos urbanos, en las que se exigen proyectos estándar y certificaciones finales, se reducirán drásticamente los trámites y plazos.