Así se recalca en un escrito remitido al Ministerio de Industria, en respuesta a la solicitud del Gobierno del informe de la posición del Gobierno de Castilla y León en torno a este asunto, según informó el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez.

El escrito manifiesta la oposición del Ejecutivo autonómico “a cualquier plan, proyecto, tramitación o intento de consenso sobre la instalación en el territorio de Castilla y León de un ATC, mientras no se produzca previamente la revisión, en los términos y condiciones recogidos en su día en el Informe del Consejo de Seguridad Nuclear, de la decisión política adoptada por el Gobierno de la Nación de cerrar la Central Nuclear de Santa María de Garoña”.

“Todo ello sin perjuicio de las alegaciones que puedan realizarse, en su caso, dentro del trámite de audiencia a la comunidad autónoma en el procedimiento establecido al efecto en la normativa vigente en materia nuclear”, añade.

El consejero de la Presidencia justificó este escrito en que con fecha 29 de diciembre de 2009, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se efectuaba la convocatoria pública para la selección de los municipios candidatos a albergar el emplazamiento del Almacén Temporal centralizado de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos de alta actividad (ATC) y su centro tecnológico asociado.

La Secretaría de Estado de Energía, con fecha 10 de marzo de 2010, ha comunicado el sometimiento al trámite de alegaciones y de información y participación pública de la aplicación de los criterios de la citada convocatoria a los municipios candidatos.

Por otro lado, De Santiago-Juárez recordó que la Junta acata el mandato de las Cortes de Castilla y León, con fecha 17 de febrero de 2010, que adoptó una resolución en la que "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que se dirija al Gobierno central para expresarle la total oposición de ambas instituciones de la comunidad a cualquier plan sobre la instalación en el territorio de Castilla y León de un ATC".

Esto será así "mientras no se produzca previamente la revisión, en los términos y condiciones recogidos en su día en el Informe del Consejo de Seguridad Nuclear, de la decisión política adoptada por el Gobierno de la Nación de cerrar la Central Nuclear de Santa María de Garoña."