Estas afirmaciones las realizó antes de reunirse con la Comisión de Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector, reunión que presidió Alonso. Poyato agradeció la convocatoria del encuentro asegurando que “nunca había ocurrido en la historia de España este grado de interlocución con el actual Gobierno”.

Por su parte, el responsable de la cartera de Servicios Sociales defendió la necesidad de la reunión indicando que “a pesar de que el Gobierno está en funciones, las ONG y el Tercer Sector no”, y explicó que éstas “tienen necesidades que han de ser atendidas”.

El encuentro de TUVO como objetivo servir de mecanismo de interlocución entre el Ministerio y entidades del Tercer Sector de Acción Social -representadas por la plataforma que preside Poyato- para el estudio de las iniciativas y medidas legislativas que afecten directamente a personas en situación de riesgo de pobreza, vulnerabilidad o exclusión social.

En relación a la sentencia del Supremo del pasado 17 de marzo que ratifica la legalidad del actual sistema de distribución de fondos derivados del 0,7% de IRPF destinado a actividades de interés social, el ministro en funciones la consideró como “histórica”, ya que “avala la capacidad del Estado de proteger la solidaridad entre el conjunto de los españoles”.

Una vez conocida la sentencia, desde la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad se iniciaron los trámites necesarios para que la convocatoria de ayudas pueda hacerse lo antes posible. Este año se repartirán 231,29 millones de euros, unos 10 millones más que en 2015, para subvencionar programas de entidades del Tercer Sector que se ejecutarán, por lo general, en 2017.

Es la cantidad que resulta del 0,7% del IRPF de los contribuyentes que marcan la casilla “Actividades de Interés general consideradas de Interés Social”. A esta cantidad habrá que sumar, como novedad para esta convocatoria y por la modificación del Código Civil del año pasado, las dos terceras partes del valor del caudal hereditario procedente de aquellas personas que no tienen herederos legítimos y que hereda la Administración General del Estado. Durante la pasada legislatura, estas subvenciones supusieron el reparto de 850 millones de euros y la financiación de 4.746 programas.

Por último, el ministro ha hecho un balance de la pasada legislatura, en el que ha destacado el avance que ha supuesto la aprobación de la nueva Ley de Voluntariado y la nueva Ley del Tercer Sector.