En declaraciones a Servimedia, el máximo responsable jurídico de esta organización de consumidores, que presentó una denuncia en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra Díaz Ferrán por estafa en la gestión de Air Comet, denunció la pasividad del Ministerio de Fomento desde el momento en que abrió un expediente de insolvencia a la aerolínea, el 6 de noviembre, y la sentencia de cierre del juez británico, el 20 de diciembre; dio como "resultado que miles de usuarios se vieran afectados por la quiebra cuando podían haber estado exentos de esa penalidad".

"Nosotros no disponemos de los datos de que dispone la Administración", prosiguió Ribón, quien mostró su preocupación ante la posibilidad de que "nos encontremos con Viajes Marsans, con una situación como la de Air Comet, Opening o Air Madrid".

Según Ribón, el Gobierno conoce las cuentas de las empresas y sabe cuáles son las deudas que mantienen con la Seguridad Social, los impuestos que han solicitado aplazar, los tributos que tienen pendientes de devolver o la situación de morosidad. "Eso está en manos de la Administración y no en manos de los particulares, los consumidores y los viajeros", agregó tras preguntarse "¿Qué pasa con las facultades de inspección y control?".

Por ello, advirtió que tras los casos de Air Comet y Seguros Mercurio, el Ejecutivo "no puede mirar para otro lado, confiar en que los bancos les den otros 30 millones de euros y que la patata caliente siga girando hasta que le explote al prójimo".

Con respecto a la actuación de los bancos, consideró que "llama la atención" que concedan créditos a Díaz Ferrán en el actual contexto de restricción de los préstamos. Sin embargo, defendió que "habrán analizado con sus centrales de riesgo si la operación es correcta o no, ya que miran por su negocio".

"Lo que pedimos es que no haya una culpa por no vigilar de la Administración, porque el responsable único no es el empresario cuando hay una situación de notoriedad en el mercado de que las empresas de Díaz Ferrán están cayendo como naipes”, reiteró Ribón quien concluyó que el Gobierno "no es capaz de intervenir confiando en una intervención casi divina que salve a las empresas".