La propuesta tendrá que ser calificada por la Mesa del Congreso de los Diputados en su reunión de la próxima semana y después ser incluida por la Junta de Portavoces en el orden del día de una sesión plenaria.

Dada la mayoría de partidos que la respaldan no son previsibles obstáculos para ello, y podría incluso debatirse en el primer Pleno previsto. En caso de ser aprobada por el Pleno, el conflicto de competencias llegaría al Tribunal Constitucional.

Los grupos firmantes consideran que la negativa del Gobierno a someterse a ese control supone una "invasión de las atribuciones" del Congreso de los Diputados y reclaman que se reponga a la Cámara en el pleno ejercicio de sus competencias constitucionales.

En la iniciativa enumeran los hechos en los que sustentan esa reclamación, el primero de ellos la negativa del ministro de Defensa en funciones, Pedro Morenés, de acudir a la comparecencia solicitada por la Comisión para explicar la misión de la OTAN en el Egeo.

Reproducen los argumentos esgrimidos por el Gobierno para justificar esa ausencia, y que se sustentan en el hecho de la composición actual del Congreso no es la que lo eligió, por lo que no existe relación de confianza.

Incluyen además unas declaraciones públicas del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes en funciones, José Luis Ayllón, de las que deduce que no existía una discrepancia concreta sobre la comparecencia de Morenés sino una "decisión formal y permanente de impedir el ejercicio por las Cortes Generales de su función de control de la acción del Gobierno".

Esgrimen que el artículo 66 de la Constitución establece que las Cortes controlan esa acción en ejercicio de la representación de los ciudadanos, y también la Ley del Gobierno dice que todos sus actos y omisiones están sometidos a ese control.

"Un sometimiento del Gobierno al control político del Parlamento que debe entenderse aún mayor cuando se trata de un Gobierno en funciones, ya que el mismo no cuenta con la confianza originaria del Parlamento en su composición política actual, cuya legitimación democrática es directa y además le ha sido concedida más recientemente, por lo que ha de entenderse más cercana a la voluntad popular", explican.

Consideran que la obligación de Gobierno de responder ante ese control no se fundamenta en la relación de confianza con el Parlamento que lo elige sino en la obligación de responder ante quienes representan al pueblo español. De hecho, recuerdan, el Ejecutivo también se somete al control del Senado aunque esa Cámara no tiene ningún papel en su elección.

"Parece decir el Gobierno que la nueva composición de la Cámara surgida de las elecciones del 20 de diciembre de 2015 no le representa y, por tanto, no puede controlarle. Es al revés. Es el Gobierno el que no representa a esa renovada composición de la Cámara decidida por la ciudadanía. Y, por ello, tiene más justificación si cabe su sometimiento al control parlamentario", argumentan los firmantes.

Recuperan, además, un precedente de Gobierno en funciones sometido a preguntas e interpelaciones del Congreso: el cesante de Adolfo Súarez en 1981 tras su dimisión, antes de ser elegido Leopoldo Calvo-Sotelo.