A su juicio, el sistema acordado "trata a los refugiados como si fueran números o monedas de trueque, reasienta a las personas sirias que permanezcan en Turquía castigando a aquellas que buscan su seguridad en la UE y excluye a refugiados de otras nacionalidades que también huyen de guerras en países como Somalia, Irak, Afganistán, Eritrea u otros”.

En un comunicado indicaron que resulta “insuficiente” y consideraron que este acuerdo “presenta cambios más cosméticos que sustantivos respecto al preacuerdo que sancionaba las expulsiones colectivas”, pues aunque “insiste en que las solicitudes de asilo se resolverán individualmente”, la celeridad de los plazos previstos, la falta de mención del derecho a recurso del solicitante de asilo y, sobre todo, la consideración de Turquía como 'Estado seguro' “plantea enormes contradicciones”.