Por ello, en un comunicado con motivo del Día Mundial del Agua, esta asociación reclama la aprobación de una norma marco que regule los derechos y obligaciones de usuarios y empresas suministradoras.

Con contadores de 13 milímetros y un consumo de 10 metros cúbicos, los importes más elevados encontrados han sido los de Murcia, con un importe de 29,35 euros, Barcelona, en ambos casos gestionadas por una empresa mixta, 23,49 euros, y Cádiz, gestionada por una empresa pública, 22,98.

En el otro extremo se encuentra Valladolid, con un modelo de gestión privado, que no ha modificado sus tarifas y donde independientemente de si el calibre es de 13 o 15 milímetros, su coste es de 10,82 euros.

Para un consumo de 10 metros cúbicos con un contador de 15 milímetros, los precios más caros mensuales son los que se abonan en Alicante, con un importe de 48,62 euros, donde menos del 1% de la población tienen instalados contadores de 15 milímetros, Murcia (29,35 euros) y Huelva (24,24 euros), en los tres casos gestionadas por empresas mixtas.

Este mismo consumo con un contador de 13 milímetros supone un gasto medio de 17,52 euros, mientras que si se utiliza un contador de 15 milímetros, la media asciende a 18,92 euros (sin incluir el IVA y sin tener en cuenta el coste por alquiler o mantenimiento de contadores).

De esta manera, las variaciones alcanzan los 453,60 euros al año para una vivienda con un consumo de 10 metros cúbicos mensuales y un calibre de contador de 15 milímetros.

Los precios comparados incluyen los cánones y recargos que se aplican en muchas ciudades pero no cuentan las tarifas por alquiler y mantenimiento de contadores ni el IVA.

El análisis de Facua toma como referencia una vivienda con tres habitantes y un consumo mensual de 10 metros cúbicos. Los usuarios con contadores de 13 milímetros de diámetro han experimentado una subida media del 0,4%, mientras que las tarifas para los contadores de 15 milímetros han sufrido un aumento del 0,5%.

La asociación exige que se apliquen tarifas progresivas facturadas en función del número de habitantes del inmueble y que se penalicen los consumos excesivos.

Además, considera necesario que se tenga en consideración el carácter de derecho humano del agua y que se regule para que no se produzcan cortes de suministro a familias vulnerables, así como que se establezcan mínimos vitales.