Respecto a la cuestión de posible inconstitucionalidad que le elevó el Supremo, el TC ha dictaminado que las obligaciones impuestas a las televisiones privadas son acordes con la Constitución y una simple manifestación del poder regulatorio del Estado, que puede fijar esta clase de exigencias de financiación de unas empresas a favor de otras.

Uteca, la patronal que agrupa a las principales televisiones privadas, aseguró hoy en un comunicado que “acata la sentencia del Constitucional, pero comparte el planteamiento del Supremo respecto a la posible inconstitucionalidad de que la libertad de empresa pueda hacerse depender de actos discrecionales del Ejecutivo, y en nombre de ese derecho constitucional, nos preocupa el precedente de que se legitime que un sector privado financie a otro sector privado”.

Para Uteca, la actual normativa sobre financiación del cine por parte de la televisión que se está respaldando desde el Constitucional data de 1999 y se hizo “en un contexto radicalmente diferente al actual”.

“Desde entonces, las televisiones privadas han invertido en la financiación del cine español más de 2.000 millones de euros y han impulsado los mayores éxitos de crítica y público de los últimos años”, afirma el comunicado.

“Durante años, las millonarias inversiones públicas de apoyo para el despegue y desarrollo de una casi inexistente industria cinematográfica ‘independiente’, como la ley da en llamar a los productores sin relación accionarial con los operadores de televisión, se han mostrado estériles. Esta circunstancia pone en evidencia la revisión urgente y necesaria del marco legal que venimos reclamando. Una actualización que permita asumir a las televisiones la totalidad de las atribuciones de un productor, igualándolas a todos los efectos con los considerados ‘independientes’”, concluye.