López, tras la Mesa del Congreso y la Junta de Portavoces, compareció ante los periodistas para explicar que, como no comparte el criterio del Ejecutivo de eludir el control parlamentario, en ella le pide que reconsidere la decisión de “no acudir a esta Cámara”.

“La mesa ha ratificado” lo que ya decidió al inicio de la legislatura, de que “esta Cámara mantiene intacta la capacidad de control sobre un gobierno en funcione y que, por tanto, se puede controlar”.

En este sentido, el presidente del Congreso apuntó que “hay muchas sentencias que han ido limitando la capacidad y las funciones del Gobierno, pero no hay ninguna que haya limitado la capacidad de esta Cámara de su función constitucional de control del Gobierno”.

López avanzó que, de mantenerse el Gobierno en su negativa de someterse al control parlamentario, se iniciaría un conflicto de "institucional grave", conocido como "conflicto de atribuciones". Esta medida la pone en marcha una decisión del Pleno del Congreso y tiene que ser resuelto por el Tribunal Constitucional.

El presidente de la Cámara también comentó que, en la Junta de Portavoces, el PSOE ya ha avanzado que, en el caso de que el Gobierno se niegue, sería partidario del inicio del conflicto de competencias y, por tanto, impulsar ese pleno que pondría en marcha el "conflicto de atribuciones”.

Esta situación terminaría ante el Tribunal Constitucional porque el Alto Tribunal tiene la atribución para resolver discrepancias sobre competencias entre diferentes poderes del Estado, entre ellos, el Legislativo (Congreso y Senado) y el Ejecutivo (Gobierno).

No obstante, el presidente del Congreso se mostró confiado en que no se llegue a esta situación. “Vamos a esperar que no pase” y que el “gobierno reconsidere” su negativa.

López argumentó su postura en que, según el artículo 26.2 de la ley de Gobierno, “todos los actos y omisiones del gobierno están sometidos al control parlamentario”.

En este sentido, advirtió que la Mesa del Congreso decidió seguir tramitando iniciativas de control, incluido plenos con preguntas al Gobierno, porque “si bien el Gobierno no tiene la confianza de esta Cámara, esta Cámara sí tiene la confianza de la ciudadanos y es la representación de la soberanía del pueblo español, de la que emanan todos los poderes del Estado.