Aseguró que, si sale adelante, “las campañas de publicidad y de comunicación institucional se desarrollarán exclusivamente por razones de interés público, deberán responder a las finalidades tasadas en la ley y se adecuarán a los principios de eficacia, transparencia, austeridad y eficiencia”.

Aguado explicó que “quedan prohibidas, entre otras, las campañas que tengan por finalidad ensalzar la acción del Gobierno”.

“Se trata de establecer el régimen jurídico de las campañas de publicidad y comunicación institucional promovidas o contratadas por la Administración de la Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos, empresas públicas y demás entes públicos”, añadió.

Según el parlamentario, “se creará una comisión, dependiente de la Consejería de Presidencia, para velar por el derecho y garantías recogidos en esta ley”. “Esta norma busca crear mecanismo para dotar a la actividad de publicidad y comunicación institucional de transparencia en todos los ámbitos”.

El diputado de Ciudadanos Ricardo Megías, encargado de elaborar este proyecto, afirmó que “los principales objetivos de esta norma pasan por fortalecer la transparencia en todos los órdenes de la actividad, creando un plan y un informe anual de actividades”, además de que “los contratos celebrados serán publicados en el BOCAM de forma telemática para que sean de libre acceso”.