A juicio de esta entidad, la devolución "indiscriminada" de todos los inmigrantes que lleguen a la UE, sin diferenciar y procurar refugio a los potenciales solicitantes de asilo, supone "una vulneración radical y manifiesta del derecho internacional y europeo que obliga a todos los países de la Unión y la Unión misma".

"La Convención de Ginebra para los Refugiados, la Carta Social Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los propios Tratados de la Unión Europea y la Carta de Derechos Fundamentales, las Constituciones de los Estados Miembros, todo el bagaje jurídico que hace de la Unión un bastión de los Derechos Humanos se vendría abajo con una medida de esa naturaleza", señala en un comunicado el órgano de representación de la abogacía española.

Recuerda que las leyes obligan a una admisión ordenada, digna, estudiada y personalizada de cada solicitud de protección internacional y "cualquier medida de expulsión colectiva está radicalmente prohibida por el sistema internacional y europeo de derechos humanos".

El preacuerdo hecho público "vulnera de tal manera el Ordenamiento Jurídico Internacional y Europeo", agrega el comunicado, "que la Abogacía Española hace un llamamiento a todo el mundo del Derecho, a todos los actores jurídicos, a manifestar su más radical repulsa a semejante ataque al Sistema Internacional de los Derechos Humanos".