En su sentencia, el TC estima varias impugnaciones relativas al reparto de competencias y anula las disposiciones que prohíben a las comunidades autónomas atribuir a los entes locales los servicios de asistencia social y atención primaria a la salud como competencias propias locales, según explica el Cermi en una nota.

En ese sentido, el tribunal de garantías plantea que ambas son competencias autonómicas que prestaban los ayuntamientos porque así lo decidieron o permitieron las comunidades o el Estado o porque los entes locales las asumieron de hecho.

El pronunciamiento del tribunal añade que el Estado solo puede atribuir competencias locales específicas o prohibir que se desarrollen cuando tenga la atribución en la materia, por lo que en cuestiones que son competencia autonómica, solo las comunidades autónomas pueden atribuir competencias locales o prohibir que el nivel local las desarrolle.

“Con esta sentencia, los ayuntamientos podrán continuar ejerciendo competencias sociales si el marco autonómico así lo prevé y venía sucediendo, sin que el Estado pueda privarles de esa posibilidad por norma estatal”, apunta el Cermi.

En el momento de la reforma local, el Cermi recuerda que criticó “duramente” esta privación de competencias sociales a los ayuntamientos, y advirtió de su “posible ilegalidad” y del “error político” que suponía, pues las cuestiones relativas a la gestión del bienestar y los servicios sociales han de encomendarse al nivel local, como más próximo y eficaz para la ciudadanía.