Madrid. La Comunidad destina tres millones a la Agencia para la Tutela de Adultos
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El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó hoy un gasto de 3.074.898 euros como aportación en 2016 al fondo patrimonial de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (AMTA), que permitirá seguir protegiendo a las personas que han sido incapacitadas judicialmente por diversos motivos.
Según explicó el portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, la AMTA es un ente público con personalidad jurídica propia, dependiente de la Comunidad de Madrid, que se encarga de prestar la asistencia y protección social y jurídica a aquellas personas que han sido incapacitadas judicialmente (o están en proceso de incapacitación) y que residen en la región.
Este año cuenta con un presupuesto de 6,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 36% respecto al anterior ejercicio
Este incremento, dijo Garrido, refleja el firme compromiso del Gobierno regional de luchar contra la exclusión social de las personas adultas tuteladas por la Comunidad de Madrid, y va a permitir avanzar en la atención integral que se presta a estas personas.
La cuantía será destinada a incremento de personal, fundamentalmente en el área social, y a la implantación de nuevos modelos de intervención social a través de programas específicos diferenciados por los perfiles de las personas tuteladas, tal y como se recoge en el plan estratégico. Para ello, se contará con la colaboración de entidades especializadas del tercer sector.
La Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos es la entidad pública tutelar más grande de España. En la actualidad, el número de expedientes de casos existentes es de 4.555, de los cuales 2.487 son tutelas permanentes, 31 provisionales, 335 curatelas, 66 administraciones provisionales y 1.636 defensas judiciales.
El perfil de las personas que usan el servicio de tutela de la citrada agencia es un 54% mujeres y un 46% hombres, con una edad media de 60 años.
Si se analizan las causas de incapacidad, la variedad de patologías existentes requiere un conocimiento específico y una intervención social diferente en cada caso.
En cuanto a la capacidad económica, las personas tuteladas apenas tienen recursos económicos y casi el 65% cuenta con menos de 10.000 euros anuales.
(SERVIMEDIA)
08 Mar 2016
SMO/caa