Así lo explicó hoy el titular de Justicia, Rafael Catalá, quien presentó hoy en los juzgados de Cuenca el plan de desarrollo de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), que en los próximos meses será una realidad en toda España.

Justicia informó de que, desde este pasado 1 de marzo, la provincia de Cuenca ya trabaja con este nuevo instrumento, “que permite la localización, recuperación, administración y gestión de los bienes procedentes de actividades delictivas”.

El ministro detalló que la ORGA extenderá su actuación de forma progresiva a toda España. El 1 de junio próximo ampliará su funcionamiento al resto de Castilla-La Mancha y el 1 de octubre a las demás comunidades autónomas del ámbito competencial del Ministerio de Justicia, así como a los órganos de jurisdicción estatal. Finalmente, el 1 de enero de 2017 estará operativa para el resto del territorio del Estado.

DINERO PARA FINES SOCIALES

Desde su inauguración el pasado mes de octubre, la Oficina ha estado trabajando en el diseño de su plan de actuación y en el desarrollo de tareas de gestión para reducir los elevados costes que las gerencias del Ministerio de Justicia estaban soportando como consecuencia de la gran cantidad de bienes embargados y decomisados almacenados en sus depósitos. Catalá explicó que, hasta ahora, al no existir órganos especializados en el tratamiento de estos bienes, se ponían a disposición de los órganos jurisdiccionales, lo que superaba su capacidad de gestión. El creciente número de hechos delictivos y la especial complejidad de los entramados criminales habían puesto de manifiesto, además, la ineficacia del sistema.

En este sentido, la ORGA funciona como una herramienta al servicio de los juzgados y tribunales en el marco de los procesos penales y como auxiliar de las fiscalías en el ejercicio de sus funciones relacionadas con investigaciones patrimoniales.

Además, permitirá optimizar los frutos obtenidos del decomiso de manera que con ellos pueda hacerse frente a la restitución pecuniaria de las víctimas abonando las indemnizaciones reconocidas en el marco del proceso penal, así como a la realización de proyectos sociales de apoyo y asistencia a las víctimas y al impulso de la lucha contra la criminalidad organizada.