A finales de la próxima semana, informa el Departamento que dirige Elena Espinosa, se elaborará y comunicará un texto final, teniendo en cuenta los comentarios y consideraciones expuestas por el sector atunero español.

Con esta normativa se pretende dar respuesta a los compromisos asumidos por el Ejecutivo para mantener la operatividad de la flota atunera congeladora, que se ha visto alterada por las acciones de piratería que ponen en peligro la integridad de estos buques.

El Gobierno tiene el compromiso de asumir medidas excepcionales, que en este caso pretenden constituirse como una herramienta eficaz de lucha contra la piratería, para fortalecer la seguridad de la flota española que faena en aguas del Índico , según asegura el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Estas medidas se dirigirán a la totalidad de la flota española autorizada a faenar en aguas del Océano Índico, que en la actualidad está integrada por un total de trece buques atuneros congeladores y tres buques de apoyo.

La existencia de razones de interés público, social y humanitario permite, de acuerdo con la Ley General de Subvenciones y el Reglamento de desarrollo, conceder de forma directa y con carácter excepcional ayudas directas a los buques atuneros congeladores que ejercen su actividad en ese océano.