Según afirma el Cermi en un comunicado la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción Social, aprobada en el año 2011, atribuye a esta jurisdicción los litigios relacionados con la Ley de Autonomía Personal y Dependencia, pero aplazó el momento de su aplicación efectiva a lo que dispusiera una Ley que el Gobierno debería remitir a las Cortes tres años después de su promulgación.

Esos tres años se cumplieron en diciembre de 2014, por lo que este Comité considera que “es el momento” para que el Parlamento cambie la Ley, con lo que los asuntos litigiosos relativos a la dependencia, como discrepancia con la valoración, concesión o no de grado de dependencia, reconocimiento o denegación de prestación, desacuerdo con las cuantías, entre otros, sean competencia real de la jurisdicción social.

A pesar de ser un tema netamente social, las controversias de dependencia están atribuidas a la jurisdicción contencioso-administrativa, "más formalista, gravosa, cara y lenta que la social, lo que dificulta enormemente la protección judicial del derecho subjetivo creado por la Ley 39/2006”, denuncia el Cermi.

“Esta regulación impide atacar las malas prácticas de las Administraciones sociales, dejando en buena medida indefensa a las personas en situación de dependencia que no están conformes con las decisiones de los poderes públicos que les perjudican”, concluye.