Así lo refleja en un comunicado difundido este viernes en el que se une a la movilización del movimiento asociativo de la discapacidad, articulado en torno al Cermi, para garantizar estas subvenciones. También confía en que “el nuevo Parlamento encuentre un nuevo marco legal que haga posible el mantenimiento del actual modelo”, que considera “útil”, “con independencia de los cambios de actualización y mejora que pueda necesitar”.

Según la organización, la denominada ‘X solidaria’ ha supuesto “un sistema de financiación estable para la puesta en marcha de políticas y estrategias de promoción de los derechos humanos y la generación de oportunidades para la mejora de la calidad de vida de las personas con TEA y sus familias”. Es, además, un ejemplo de “democracia fiscal” que permite a los ciudadanos, marcando “fines sociales” en su declaración de la renta decidir hacia dónde quieren que vayan sus impuestos.

Los proyectos desarrollados el año pasado englobaron programas de atención integral sociosanitaria; de promoción y adecuación de centros y unidades de atención y de apoyo y descanso para familiares cuidadores e inclusión laboral.

Sin embargo, añade el comunicado, “el actual modelo de redistribución social del 0,7% de la recaudación fiscal corre peligro de desaparecer a partir del próximo año como consecuencia de diferentes pronunciamientos judiciales que obligan a cambiar de un modelo de financiación global y aplicación local a otro territorializado”.