Así lo defiende esta institución en su informe anual correspondiente a 2015, entregado este jueves por la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, al presidente del Congreso de los Diputados, Patxi López; del Senado, Pío García-Escudero, y de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, Joseba Agirretxea.

Hace un año, la institución dirigida por Becerril aseguró que el Gobierno, a través de los ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y de Industria, Energía y Turismo, no le facilitaba la información necesaria sobre el ‘fracking’ para evaluar los daños ambientales y los riesgos para la salud y la seguridad de las personas.

En su último informe, el Defensor del Pueblo recuerda que la Secretaría de Estado de Medio Ambiente se negó a facilitar información a esta institución, por lo que se ha dirigido al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) para que difundiera su informe de recomendaciones para la elaboración de proyectos de ‘fracking’, pero este organismo rechazó la sugerencia tras consultar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para que valorara “cuál es el interés público atendido por la revelación que impide difundir el informe”.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo señala que se ha dirigido a Industria para recalcar que la técnica de ‘fracking’ requiere que las administraciones aseguren que no se autoriza un proyecto sin una completa evaluación ambiental. “Debería ser prioritario evitar la mala práctica, dadas las dificultas que suelen presentarse para la restauración efectiva del medio ambiente y de los recursos naturales, tales como el cierre dela empresa explotadora, insolvencia, caducidad de los procedimientos sancionadores, imposibilidad de averiguar el origen de la contaminación, restricciones prespuestarias para proceder a la ejecución subsidiaria a costa del responsable, etcétera”, apunta.

Industria ha subrayado al Defensor del Pueblo que la difusión de información es importante para explicar a los ciudadanos “la inocuidad de la técnica”, pero la oficina de Becerril precisa que “todavía no facilita información de manera clara en su sede electrónica, aunque tiene previsto hacerlo”.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo indica que la Dirección General de Política Energética y Minas, perteneciente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, no le ha remitido información sobre la ausencia de evaluación ambiental completa de las explotaciones de gas ‘Poseidón Norte’ y ‘Poseidón Sur’, frente a la costa de Doñana (Huelva).