Así lo afirma este documento que presentó Soledad Becerril este jueves en el Parlamento y que recomienda que los programas de comedores escolares en vacaciones se basen en “una visión de garantía integral” y que la intervención de las administraciones sea “integral y proactiva” ya que la tramitación para que las familias accedan a estos servicios “en muchos casos no es ágil”.

La oficina lamenta que, aunque es “generalizada” la existencia de programas o planes para atender los casos de riesgo, la tardanza en resolver los trámites provoque que “el efecto lesivo aparejado a los déficit alimentarios ya se habrá producido cuando intente ponerse remedio”.

“De ahí el especial interés de esta institución en actuar a través de espacios que aseguren una cobertura lo más amplia y global posible”, subraya el documento. También denuncia una mayor transparencia de las administraciones públicas en lo que respecta a los fondos destinados a estos servicios de comedores.

La de la garantía alimentaria a la población infantil es la principal demanda que la oficina que dirige Becerril hace en materia de pobreza infantil, aunque también subraya otras cuestiones en materia de exclusión social que afectan a las familias y, por lo tanto, a los menores.

La defensora del Pueblo subraya que se han formulado “recordatorios” del deber de resolver en plazo las solicitudes o recursos interpuestos por los ciudadanos con relación a las rentas mínimas a las consejerías competentes de Andalucía, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y el Principado de Asturias. Y en Cataluña sostiene que se ha hecho referencia en varios informes a la falta de crédito presupuestario para pagar la Renta Mínima de Inserción y de los atrasos generados, en algunos casos de expedientes de 2012.