Fernández Díaz hizo esta afirmación en una rueda de prensa en la sede de su departamento, donde presentó el balance de 2015 referido a la lucha contra la trata de personas y contra los delitos de odio.

Durante esta comparecencia, el ministro fue preguntado por el hecho de que el Ayuntamiento de Pontevedra aprobase este lunes, con los votos de BNG, PSOE y En Marea, declarar a Rajoy ‘persona non grata’ por una decisión administrativa que afecta a la ciudad.

En concreto, estos partidos rechazaban así que el Gobierno en funciones haya autorizado a la empresa de celulosa Ence permanecer 60 años más en terrenos de Costas del Estado en la Ría de Pontevedra, a pesar de que la concesión inicial caducaba en 2018.

PARA VIOLADORES O TERRORISTAS

A este respecto, el ministro relacionó esta iniciativa del Consistorio pontevedrés con el balance que presentaba sobre los delitos de odio y para ello leyó la definición de “discurso del odio” de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales. Según el responsable de Interior, esta institución comunitaria sostiene que el odio puede surgir de “toda forma de expresión que difunda, incite, promueve o justifique” conductas que puede llevar a la intolerancia.

Por este motivo, el ministro dijo que le cuesta “mucho” pensar que declarar ‘non grato’ a Rajoy “no signifique” que se está “incitando a un discurso de odio con las consecuencias que conlleva, eventuales agresiones, descalificaciones de todo tipo, etc.”.

El responsable de Interior señaló que “al final la intolerancia se instala” si se promueven determinadas actuaciones, como dijo sucedió con el asalto a la librería catalana Blanquerna de Madrid por parte de ultraderechistas o la pitada al himno español en el Camp Nou.

Asimismo, el ministro incidió en que las declaraciones institucionales de ‘persona non grada’ pueden estar “justificadas” en el caso de “violadores, personas que hayan cometido delitos de odio o terroristas”, pero no de políticos.

Rechazó que esto se haga por discrepar de una decisión política”, puesto que entonces “nos pasaríamos la vida declarándonos personas non gratas”, algo que dijo “no va en la línea de favorecer una convivencia pacífica, democrática digna de tal nombre”.