Según el ‘Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso’ firmado por los responsables de PSOE y Ciudadanos, Pedro Sánchez y Albert Rivera, la intención es "reorganizar" la estructura institucional de la supervisión financiera.

Para ello se pondría en marcha el modelo de dos pilares ('twin peaks'), uno para solvencia y otro para conductas.

En concreto, plantean la creación de una Autoridad de control macroprudencial en el Banco de España, mediante la integración en su área de supervisión bancaria de la vigilancia de la solvencia de las compañías de seguros, que actualmente se encuentra en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad.

Estos dos partidos entienden que esta situación "contraviene el requisito de independencia aceptado en todo el mundo y de las empresas de servicios de inversión, actualmente supervisadas por la CNMV".

De este modo, PSOE y Ciudadanos coinciden con la solicitud planteada hace algunas semanas por el Banco de España de atribuirle más competencias en materia de regulación y que desde el sector del seguro no fue visto con buenos ojos.

CONDUCTA

Por el lado de la conducta, se pondría en marcha la Autoridad de Protección al Consumidor e Inversor Financiero, que, a partir de la CNMV, unifique y refuerce los servicios de reclamaciones y de protección de los tres supervisores financieros (banca, valores, seguros).

El objetivo, según los partidos firmantes, es "recuperar la confianza de los ahorradores en los productos financieros".

Además, la nueva Autoridad se ocuparía de la supervisión de compañías de auditoría (siguiendo el modelo dominante en la UE) que actualmente desempeña el ICAC.

Esta Autoridad mantendría un régimen de independencia similar a la CNMV actual y estaría financiada íntegramente por tasas de la industria, fijadas por ley.

Por otra parte, la propuesta incluye la reforma de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), dotándola de "mayor independencia funcional y recursos, y en su caso acercándola al modelo alemán".

Así, la CNMC dispondrá de la autoridad necesaria de competencia, plenas capacidades normativas para los reguladores, independencia de recursos financieros y suficiente personal cualificado.

De esta forma, se unificarían en una misma agencia independiente de ámbito nacional las competencias en materia de defensa de la competencia y de protección de los consumidores, al menos en lo que respecta al ámbito de la competencia desleal y sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas en materia de consumo.