En la resolución se explica que las directrices generales de este nuevo plan “refuerzan las actuaciones desarrolladas en años anteriores e incorporan otras nuevas, en línea con el contexto económico-social y normativo en el que la Agencia Tributaria desarrolla su actividad”.

Estas directrices giran en torno a tres “grandes” pilares: la comprobación e investigación del fraude tributario y aduanero, el control del fraude en fase recaudatoria y la colaboración entre la Agencia y las administraciones tributarias de las comunidades autónomas.

El organismo que dirige Santiago Menéndez tiene previsto potenciar este año la investigación de patrimonios y rentas en el exterior, además de las actuaciones de control en el campo de la planificación fiscal internacional y del comercio electrónico.

En concreto, sobre los operadores de comercio electrónico se harán análisis de riesgo específicos y se contará con información adicional sobre su posicionamiento en el sector.

También se impulsará medidas para combatir la economía sumergida, entre las que se encuentran actuaciones para la reducción de “software de ocultación o de doble uso” e intervenciones sobre obligados tributarios que realizan ventas finales al público.

La institución realizará actuaciones inmediatas de verificación y análisis de la información que aporten las empresas en el marco del Código de Buenas Prácticas.

En lo que se refiere al control de fraude en fase recaudatoria y relacionado con la deuda pendiente, se intensificará la utilización de instrumentos de investigación, para extender las actuaciones a un mayor número de deudores.