En declaraciones a los periodistas en el Congreso de los Diputados, Margallo subrayó que el Gobierno cumplirá con su “obligación”: “cumplir y hacer cumplir” la Constitución, las leyes y las sentencias del Tribunal Constitucional.

“En un Estado democrático de derecho el Gobierno no tiene la opción sino la obligación de hacer cumplir las leyes. Esa es la salvaguarda de la democracia. Vamos a exigir que la legalidad se cumpla”, sentenció.

Respecto de las declaraciones del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que aseguró que el proceso independentista comenzó en el Tribunal Constitucional tras su sentencia sobre el Estatuto de 2006, Margallo aclaró que dicho proceso se inició por una decisión de “determinados partidos políticos” para proceder a la separación de Cataluña del resto de España. “Este no es un tema nuevo”.

En ese sentido, el ministro rememoró al político conservador catalán Francesc Cambó para asegurar que “los separatistas catalanes siempre aprovechaban una ocasión de conflicto interno o contencioso externo para avanzar sus posturas”, lo que ocurrió, a su juicio, en 1640, 1711, 1931 y 1934.

Esto le sirvió para acusar a los independentistas catalanes de utilizar la crisis económica para buscar un “enemigo externo” al que responsabilizar de los sacrificios realizados por la población.

“Convertir cuestión jurídica, como es la decisión del Tribunal Constitucional en una cuestión política me parece aberrante”, comentó.

Por otra parte, confesó que siempre que ha estado en Cataluña nadie le ha sabido contestar en qué ofendió la decisión del Constitucional sobre el Estatuto de 2006, por lo que “no debe tener tanta importancia como para declarar disuelto un vínculo que viene como mínimo desde 1479. Me parece una desproporción entre una cosa y otra”.