En un comunicado, la OCU sostiene que dichas inspecciones deben ser de oficio para garantizar las condiciones en las que las clínicas están prestando sus servicios y la continuidad de los mismos.

Con independencia del daño económico que supone para los usuarios la prestación en condiciones deficientes del servicio o la interrupción del mismo, esta organización advierte sobre el perjuicio para la salud que puede suponer la demora o la interrupción de los tratamientos en curso para los pacientes.

Por ello, solicita que se tomen estas medidas con la mayor urgencia posible, ya que los últimos acontecimientos pueden alterar el funcionamiento normal de las clínicas, afectando al servicio que reciben los usuarios.

Además, demanda que en caso de que alguna de las clínicas Vitaldent no pudiera hacer frente a sus obligaciones con los usuarios, se buscaran los mecanismos adecuados para poder garantizar la continuidad de los tratamientos ya iniciados en aras de preservar la seguridad y el derecho a la salud de los pacientes.