En la actualidad, cuatro de los doce magistrados del TC han superado con creces el plazo para la expiración de sus respectivos nombramientos, entre ellos la presidenta del Tribunal. Además, existe un puesto vacante tras el fallecimiento de uno de sus miembros.

Esta situación, según el portavoz de Justicia de CiU en el Congreso, Jordi Jané, ha derivado hacia “una profunda crisis de funcionamiento” del Alto Tribunal, que está afectando “muy gravemente a su credibilidad”.

Para resolver esta situación, CiU quiere poner un límite temporal para proceder a la renovación de los miembros del Alto Tribunal que no supere los seis meses, con el objetivo de “acelerar la renovación del mismo y evitar períodos de larga precariedad”.

El portavoz de justicia de CiU recuerda que la Constitución prevé expresamente en su artículo 159 que la designación es por un período de nueve años y su renovación se realiza por terceras partes cada tres.

En el caso del presidente del Tribunal su nombramiento se realizará entre sus miembros por un período de tres años, tal como establece el artículo 160 de la Carta Magna. De los 12 magistrados, cuatro son propuestos por el Congreso de los Diputados, otros cuatro por el Senado, y los cuatro restantes por el Gobierno y el Consejo General del Poder General (CGPJ), a partes iguales.

El parlamentario de CiU subraya que estas previsiones constitucionales se han visto ampliamente superadas por la realidad como consecuencia de la incapacidad de recabar las mayorías parlamentarias necesarias para convenir la renovación de los miembros del TC, lo que resulta “abiertamente contrario al deber constitucional de las Cortes Generales de proceder a la renovación” del Tribunal.