Así consta en el escrito firmado por la portavoz de Empleo, Luz Rodríguez, al que ha tenido acceso Servimedia, en el que se insta al Gobierno a “adoptar urgentemente las medidas necesarias para derogar el apartado 3 del artículo 315 de la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y para, en consecuencia, archivar todas las causas que por la aplicación de dicha disposición penal se encuentren en tramitación”.

Esta proposición del PSOE se registró dos días después del inicio del juicio a los llamados ‘los ocho de Airbus’, los ocho sindicalistas de la multinacional Airbus juzgados por su actuación en la fábrica aeronáutica durante la huelga general de septiembre de 2010. La Fiscalía pide para cada uno ocho años y tres meses de prisión por un delito de coacciones a los trabajadores y por delitos de lesiones a policías durante los enfrentamientos que tuvieron lugar a las puertas de la empresa en Getafe (Madrid).

La acusación se basa en el tercer apartado del artículo 315 del Código Penal, que entró en vigor con la reforma de 2015, que establece que “quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses”.

El PSOE ya ha presentado en el Congreso una proposición de ley orgánica de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal porque considera que el objetivo de dicho apartado es “tratar de disuadir a los ciudadanos de ejercer su derecho a la huelga y, en consecuencia, su libertad sindical”.

A esa iniciativa suma la PNL que registró este jueves, en la que apuesta por que el Congreso defienda y reafirme “la vigencia del derecho fundamental a la libertad sindical y del derecho fundamental de huelga, que deben ser garantizados, así como de los derechos que les son inherentes, como el derecho a la negociación colectiva y a la adopción de medidas de conflicto colectivo”.

En esta propuesta se insta al Gobierno a “adoptar urgentemente las medidas necesarias para derogar el apartado 3 del artículo 315 de la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y para, en consecuencia, archivar todas las causas que por la aplicación de dicha disposición penal se encuentren en tramitación”.

Asimismo, pide al Gobierno “revisar todas las medidas legales que dificultan o restringen el derecho fundamental de libertad sindical, el derecho fundamental de huelga y otros derechos conexos”.

El PSOE sostiene que la “legítima defensa” del derecho a la huelga “se ha visto perturbada en la anterior Legislatura, y así, a la par que se implantaba una reforma laboral abusiva, se adoptó un entramado legislativo que pretende asfixiar la capacidad de reacción, de protesta o resistencia de las organizaciones sindicales y de las personas trabajadoras hacia las políticas del Gobierno”.