España tendría casi un millón de parados menos con un plan contra la pobreza
- La Plataforma del Tercer Sector calcula que con ese plan se bajaría la tasa de paro hasta cuatro puntos en cuatro años
El texto se ha copiado correctamente en el portapapeles
Un plan de lucha contra la pobreza que fomente políticas de empleo para personas en riesgo de exclusión crearía hasta 915.000 puestos de trabajo en cuatro años. Según la Plataforma del Tercer Sector, ese plan, dotado de 7.000 millones de euros, podría hacer bajar notablemente los casi cinco millones de desempleados actuales y restaría entre tres y cuatro puntos de una tasa de desempleo que supera el 20%.
En una entrevista a Servimedia, el presidente de la plataforma, Luciano Poyato, concretó que tanto el Gobierno saliente como las distintas formaciones políticas que pueden formar el nuevo ejecutivo conocen su propuesta de elaborar un plan de lucha contra la pobreza.
“No es una política de mantenimiento de unos mínimos de calidad de vida, sino de fomentar la empleabilidad. Aplicando el plan pueden bajar hasta cuatro puntos en el desempleo en España en cuatro años. No es poco”, explicó.
"INSERCIÓN SOCIAL"
“Las personas en riesgo de exclusión o que ya están excluidas necesitan no sólo una formación, sino también un acompañamiento y una especie de contratación y que eso se haga de una manera concreta”, agregó.
Además, esos fondos “no tendrían nada que ver ni con la renta mínima, ni con los ingresos mínimos de inserción”, sino que se destinarían “a paliar una situación de necesidad formativa y de inserción social” siguiendo la línea ya experimentada por los centros especiales de empleo y los talleres de empleo (donde se combinan formación y contratación para acercar a las personas al mercado laboral).
Según la Plataforma del Tercer Sector, que representa a más de 30.000 organizaciones y cinco millones de voluntarios que hay en España, ante los problemas para financiar este plan que suelen alegar los políticos, más de la mitad del dinero podría obtenerse de la tasa ya aprobada para asignarse al Estado en 2017.
“Esa financiación podría salir de los fondos europeos, aunque cada vez son menores y más parciales”, protestó. “Pero hay que tener voluntad de hacerlo”, por lo que pidió a los dirigentes que no la incluyan en el plan concretado de las comunidades autónomas, sino en el Plan de lucha contra la pobreza que propone la plataforma.
EL 0,7%, LA SALVACIÓN
La financiación es uno de los problemas a los que se enfrentan las ONG, que se han visto sobrepasadas por el aumento de la población a la que atender por la crisis y los presupuestos austeros. Por ello, Poyato recordó que si no llega la subvención a las ONG a través del IRPF, “el sector pasa problemas”.
“Ahora mismo el 0,7% de fines sociales es la salvación del sector”, aseveró el presidente de la plataforma, que recordó que en el pasado ejercicio (la recaudación de 2015 con respecto a 2014) se obtuvieron casi 12 millones más de euros, hasta sumar un total de 300 millones.
Aunque considera que ese dinero no alcanza para atender a los seis millones de personas que pasan necesidades serias en España, sí cree que contribuyen a la cofinanciación que permite a entidades de toda la geografía española realizar sus actividades.
Además, dijo a Servimedia, esos fondos del IRPF “independientemente del sentido identitario de ciertas comunidades autónomas, permiten que los proyectos se hagan igual en distintas comunidades autónomas, que se puedan evaluar y que se tenga una vertebración mirando el objetivo de la persona independientemente del territorio donde viva".
“Es un mecanismo que reequilibra”, que sirve de “cohesión” y de “participación” de las entidades. “Si esto cae, no sé lo que puede ocurrir con el Tercer Sector, pero vamos a tener una fractura evidentemente considerable, en cuanto al impacto negativo”.
Respecto a la sentencia del Supremo que anuló otra convocatoria para el mantenimiento de las entidades estales del IRPF, porque alegaba que el Estado no tiene competencias en materia de servicios sociales, Poyato insistió “en que tiene que haber un modelo de gestión estatal que arregle los desequilibrios económicos en materia de política social que hay en las distintas comunidades autónomas”.
(SERVIMEDIA)
14 Feb 2016
AHP/PAI/nbc