La organización considera que la exigencia de medidas cautelares a los titiriteros como su comparecencia diaria en un juzgado o comisaría más cercana a su casa, la fijación de su domicilio, la prohibición de salir del país y la retirada del pasaporte, resulta injustificada.

AI entiende que podría tratarse de uno de los ejemplos de cómo el Código Penal, cuya última reforma fue aprobada en 2015, contiene una definición tan amplia y vaga sobre terrorismo que puede suponer un límite en el derecho a la libertad de expresión.

Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, afirmó que “una obra de teatro no representa un peligro para la seguridad y solo deberían sancionarse las expresiones que inciten directamente a la comisión de actos terroristas, tal y como han advertido diversos relatores de Naciones Unidas”.

Por último, Virginia Álvarez, responsable de Política Interior de Amnistía Internacional España, expresó que “al prescindir del elemento de la intencionalidad” esta condena “puede suponer una limitación injustificada, desproporcionada, innecesaria e ilegítima del derecho a la libertad de expresión”.